Abogados Madrid – ARTICULOS (LOPD)
Nota de prensa sobre:
FRAUDE DE LOS SERVICIOS A COSTE CERO
UPyD pide a la Fundación Tripartita un mayor celo para prevenir la fraudulenta implantación de servicios «a coste cero» a cambio de bonificaciones para la formación de empleo.
Se hace eco de las denuncias de APEP y AMISELEC . Rosa Díez interpeló en el Congreso al Gobierno, sin respuesta . Advierten a las empresas que
serán responsables de los posibles fraudes, que suponen «un caso gravísimo de malgasto público» que, «a la postre, revienta la libre competencia»
Palma, 8 de diciembre de 2010 Las asociaciones APEP y AMISELEC llevan meses denunciando la práctica que consiste en ofrecer la implantación de la Ley de Protección de Datos a coste cero a cambio de las bonificaciones de la seguridad social a las que las empresas tienen derecho para organizar cursos de formación para el empleo. La Fundación Tripartita ha reconocido que estas prácticas pueden ser fraudulentas. El 8 de junio, Rosa Díez, portavoz nacional de UPyD, registró en las Cortes una pregunta parlamentaria dirigida al gobierno, todavía hoy –seis meses después- sin contestar, sobre los hechos denunciados por las dos asociaciones citadas y reconocidos por la Fundación Tripartita. En Baleares circulan fuertes sospechas de que ciertas empresas ofrecen a empresarios y asociaciones profesionales su servicio de implantación de Protección de Datos a coste cero, a cambio de las citadas bonificaciones. Unión Progreso y Democracia (UPyD) quiere llamar la atención sobre que ningún servicio es ofrecido a coste cero si no lleva consigo una contraprestación económica, por lo que aconseja a las empresas que precisan de implantación de protección de datos que rechacen ceder dichas bonificaciones, a las que tienen derecho y que gestiona la Fundación Tripartita para organizar cursos de formación para sus empleados, a cambio de la implantación a coste cero de sistemas de protección de datos. «Si así lo hicieran, podrían estar cometiendo un fraude y del mismo serían responsables las propias empresas», afirma Calbarro, portavoz de UPyD en Baleares. En un comunicado del 25 de marzo de 2010, la Fundación Tripartita reconoció la existencia de estos casos y avisó «a empresas y consultores, a todos los gestores de formación para el empleo del sistema de bonificaciones de ámbito estatal, sobre la existencia de entidades que de manera gratuita ofrecen servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica en materia de protección de datos de carácter personal, que en la práctica financian estos servicios con cargo al crédito asignado para la formación, un hech
o que puede llegar a ser constitutivo de fraude” «UPyD es un partido que tiene entre sus señas de identidad la lucha contra la corrupción y contra el despilfarro», recuerda Calbarro, «y entiende que estos usos que reconoce la Fundación Tripartita y denuncian APEP y AMISELEC son un caso gravísimo de malgasto público que, a la postre, revienta la libre competencia». UPyD sabe que la Fundación Tripartita ha realizado actuaciones inspectoras, a raíz de las denuncias de APEP y AMISELEC y de la pregunta parlamentaria de Rosa Díez, que han terminado en requerimiento para el reintegro de las cuotas de seguridad social indebidamente bonificadas. Pero ha llegado el momento de adelantarse al fraude, por lo que reclama «a la Fundación Tripartita de Baleares que dé un paso al frente y divulgue debida y pormenorizadamente los elementos que caracterizan la ilegalidad de estas ofertas de contratación, de forma que las mismas sean fácilmente identificables por sus destinatarios». Por otro lado, habiendo reconocido la propia Fundación Tripartita la enorme dimensión del fraude, cuyos grandes beneficiarios son precisamente las empresas y asesores que fomentan esta contratación ilegal, y siendo este asunto público y notorio, desde UPyD «entendemos que quizás ha llegado el momento para la intervención de Fiscalía General del Estado». UPyD, por otra parte, recuerda que «estas prácticas no parecen exclusivas de la implantación de Protección de Datos. Creemos que existen empresas que ofrecen otros servicios (seguridad laboral, sistemas de calidad, etc) mediante el mismo procedimiento fraudulento».
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